El modelo Barcelona
Tras más de 25 años de aplicación, el llamado modelo Barcelona está agotado. Las razones de su crisis son diversas y se producen al mismo tiempo que la necesidad de una revisión progresista del modelo de ciudad socialdemócrata que se ha desarrollado en Europa desde los años veinte del siglo pasado. El eje del modelo Barcelona ha consistido en promover grandes acontecimientos; en favorecer un entendimiento entre la voluntad social de la iniciativa pública y los intereses de la iniciativa privada, y en otorgar a los técnicos toda la iniciativa del proyecto urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento ya no tiene el poder, la clarividencia y la capacidad para conseguir fuertes compensaciones sociales y urbanas de los operadores privados, tal como se había conseguido a mediados de los ochenta.
El cambio se ha producido, por lo menos, en tres sentidos. Han cambiado los operadores, que desde mediados de los años noventa forman parte del mundo financiero global y actúan con mayor desprecio por el contexto social, ambiental y urbano sobre el que intervienen. Ahora es más difícil encauzar sus intervenciones dentro de criterios municipales y en áreas de nueva
centralidad, y resulta más rentable y tentador darles amplios poderes, como ya se hizo a finales de los noventa con el promotor Hines y su Diagonal Mar.
Ha cambiado la gestión municipal, más próxima a los intereses privados y llevada por técnicos menos competentes. En la reciente etapa la peor parte se la lleva la gestión del urbanismo. Los instrumentos de la disciplina urbanística, ya de por sí marcados por la sospecha de complicidad con la especulación, están cada vez más en entredicho. Si en Barcelona no hay tanta corrupción como en otras ciudades, sí que hay desconsideración hacia los vecinos afectados por cada una de las intervenciones.
Y también ha cambiado la composición social de la ciudad, mucho más fragmentada, con
habitantes que ya han aceptado ser solo consumidores; habitantes que no se resignan a ello y
exigen un urbanismo atento a la sociedad; inmigrantes de muy diversas procedencias, que ya
son nuevos habitantes y que se van integrando, reclamando su derecho a más espacio público,
cultural y simbólico; y turistas, habitantes por días, que consumen la ciudad como si fuera un
parque temático y no un lugar donde viven personas.
En este sentido, la presión del turismo se nota cada vez más en ciertos barrios y es motivo de descontento entre una ciudadanía que ve sus derechos relegados frente a la preponderancia de la industria y el negocio turístico. Que les digan a los habitantes de la Barceloneta si no es la presión del turismo y de la gentrificación la que ha conseguido cambiar el Plan General Metropolitano para transformar un barrio que quedaba al margen y que ahora está en primera línea del frente turístico.
Respecto a la transformación social que comporta la inmigración, los responsables municipales han de reconocer que no sólo hace 25 años, cuando se fraguó el modelo, sino incluso hace 15 años, cuando se proyectó la reforma de Ciutat Vella, no se previó que se produciría en los últimos años esta fuerte transformación social. Y es cierto que Administración y ciudadanía, de momento, están respondiendo de manera integradora a este nuevo reto.
Estos tres niveles de cambio exigen una transformación de un modelo que se gestó antes y que los actuales gestores municipales no quieren ni plantear, tal como tampoco quieren reconocer que han incumplido la promesa de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora, cuando las propuestas municipales se refieren más a eslóganes que a realidades es cuando se ve la necesidad de una democracia más directa, crítica y completa. Pasado, presente y futuro de Barcelona son demasiado importantes para ser mal gobernados.
Las alternativas radican en unos nuevos referentes que pasarían, además de potenciar una
ciudad mucho más sostenible y mucho más igualitaria (igualdad de géneros, igualdad de
derechos para acceder a la vivienda), por un nuevo modelo urbano, metropolitano y
participativo, con auténticos procesos de intervención, cuyos costes corrieran a cargo del
municipio y no de los mismos vecinos, que sean libres y no manipulados, que devuelvan a una
buena parte de la ciudadanía la confianza perdida en las instituciones y que consiga que las
aspiraciones de los jóvenes encuentren lugares en las coordenadas municipales.
Los cambios que han hecho obsoleto el modelo Barcelona deberían convertirse en positivos, superando la autocomplacencia e incapacidad municipal para debatir las transformaciones necesarias y estimulando a la ciudadanía a que también lo haga. Sin embargo, lo que se hace es lo contrario: silenciar y perseguir en lo posible a todo aquel que tenga una idea alternativa de ciudad, que plantee nuevos modos de vida social y cultural, tal como se hace con el heterogéneo movimiento okupa. Y cuando la lucha vecinal es tan fuerte que al final se ha de retirar el proyecto previsto -de aparcamiento, de destrucción del patrimonio, de eliminación de se hace sin reconocer tal aportación y sin aprender que antes de proyectar y expulsar se debería estudiar, consultar y escuchar.
Si el modelo Barcelona surgió a principios de los ochenta como necesario motor para
modernizar, actualizar y rehacer la ciudad, incorporando los operadores privados a los objetivos
comunes, el modelo actual debería ser más social e imaginativo, expresión de los deseos de la
ciudadanía, para que la democracia local logre contrapesar el dominio de los intereses de la
globalización neoliberal. Para conseguirlo, el primer paso es reconocer el agotamiento del
modelo y su necesaria transformación.
JOSEP MARIA MONTANER a El País 12/06/2007
